Imputación objetiva

Es la atribución de un resultado típico a un sujeto activo responsable de la comisión de un delito. Un resultado le es objetivamente imputable al autor cuando: 1. Exista creación o incremento de niveles de riesgo no permitido; 2. Que dicha creación o incremento se concretice en un resultado; y 3. Que el resultado pertenezca al ámbito protector de la norma.

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La imputación implica una serie de requisitos formales y materiales, los cuales serán el resultado de una correcta investigación; es decir, la imputación es incorrecta si está basada en la obtención de prueba ilícitas, o si no se obser- van las garantías mínimas del debido proceso a que tienen derecho los sujetos investigados.2 Por tanto, debemos decir que la autoridad disciplinaria que tiene la facultad de imputar es la investigadora, es decir, ni la substanciadora, ni la resolutora pueden hacerlo; sin embargo, lo anterior no implica que estas dos últimas autoridades no deban inmiscuirse en la imputación, pues la primera deberá revisar que la imputación esté correcta en términos de lo que dispone el artículo 90 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con respecto a la revisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, y la segunda deberá constatar que los elementos de la imputación sean suficientes para fincarle una responsabilidad administrativa al justiciable y por ende sancionarlo. Por tanto, las tres autoridades disciplinarias deben conocer perfectamente la operatividad y funcionalidad de la imputación objetiva. Bajo esa perspectiva, podemos señalar que una correcta y legal imputación objetiva hecha por la autoridad investigadora es uno de los elementos más importantes para lograr sancionar a los justiciables por faltas administrativas.

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Por tanto, podemos señalar que la imputación objetiva de una falta admi- nistrativa, básicamente y de primer ángulo, deviene de una conducta prohibida por la ley (véase el principio de legalidad en el cuadrado de la obra la Metodología Geométrica) y que mediante líneas de investigación la autoridad investigadora ha obtenido las pruebas suficientes de manera lícita para determinar una conducta la probable responsabilidad del justiciable; y en términos del artículo 73, fracción XXIX-V Constitucional5 nos referimos principalmente a las faltas administrativas contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
 

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